La instalación de un sistema anticorrupción local en la CDMX lleva un retraso de tres años. Su instalación en la CDMX comenzó desde 2017, con la promulgación de varias de las leyes del sistema local por la extinta Asamblea Legislativa (ALDF). Las iniciativas que en su momento se propusieron presentaban problemas de constitucionalidad. De igual forma, el proceso legislativo no se llevó bajo un proceso de parlamento abierto, hubo poca transparencia y nula representación del partido minoritario en aquel momento en la ALDF y de dialogo efectivo con la sociedad civil.

Durante el proceso legislativo, Ruta Cívica en colaboración con algunas de las organizaciones que integramos el colectivo #CDMXsinCorrupción, hicimos llegar a la ALDF recomendaciones a la iniciativa del Sistema Anticorrupción de la CDMX, estándares mínimos para su correcto funcionamiento;  así como estándares de transparencia para los procesos de designación de los diversos puestos clave del sistema: CPC, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, Contraloría General de la CDMX y Auditoría Superior de la CDMX.

No obstante, las iniciativas fueron aprobadas con vicios que debilitaban la independencia del sistema, provocando que el nuevo sistema anticorrupción fuera solo un ejercicio de simulación  y sin un proceso legislativo que garantizara la participación de todas las facciones parlamentarias que en aquel momento la ALDF. Debido a este contexto, integrantes de la Asamblea Legislativa y la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentaron una acción de inconstitucionalidad en la que, entre otras cosas, se denunciaba la falta de legalidad del proceso legislativo para la aprobación de la  ley del sistema local anticorrupción y la ley de la fiscalía especializada en combate a la corrupción.

De 2017 a la fecha ambas leyes fueron reformadas. Dichas reformas subsanaron algunos de los problemas de inconstitucionalidad e incorporaron varias de las recomendaciones que las organizaciones de la sociedad civil hicieron durante el proceso legislativo de 2017. Incluso, se comenzó con el proceso de instalación del Sistema, para lo cual se realizaron los procesos de designación de varios de los actores clave del sistema, como el Comité de Participación Ciudadana.

El pasado febrero de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió la acción de inconstitucionalidad presentada en 2017, determinando que hubo vicios en el proceso de elaboración de la ley del sistema y de la fiscalía y, por lo tanto, tendría que volverse a llevar a cabo el proceso legislativo. El Congreso de la CDMX decidió, además de volver a legislar ambas leyes, reponer los procesos de designación de la Comisión de Selección del CPC y del CPC.

La nueva ley del sistema anticorrupción fue legislada y publicada de forma express por esta legislatura y actualmente se lleva a cabo el nuevo proceso de designación del Comité de Selección del CPC. Igual que para el proceso anterior, el colectivo #CDMXsinCorrupción presentó observaciones tanto a la iniciativa como recomendaciones para promover un proceso de designación transparente.