Ante el caos del desarrollo inmobiliario en la CDMX, surgió la idea de una #LeydePlaneación, pero la legislación aprobada se transformó en un control centralizador de la jefa de Gobierno.

Hay ventanas de oportunidad para hacer cambios profundos. Y luego, se cierran abruptamente para que, sin estas transformaciones y liderazgos, todo vuelva a ser igual. Así la #LeydePlaneación de la Ciudad de México.

Hace tres años, los peores conflictos entre vecinos e inmobiliarias sucedían. Salían a la luz los Sistemas de Actuación por Cooperación (SACs) negociados “en lo oscurito”. El caos del desarrollo de Granadas comenzaba a evidenciarse. Era un secreto a voces que los pisos extra y el potencial de transferencia se conseguían bajo moches. Diputados y delegados también participaban en los cambios de usos de suelo “a modo” y hasta un juez de Morelia invalidaba un Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para otorgar permisos.

La #CorrupciónInmobiliaria se valora(ba) en miles de millones de pesos al año. Era “un mal menor” del boom de proyectos inmobiliarios: centros comerciales, edificios de oficinas y vivienda, departamentos que doblaban su valor en pocos años. Esos millones llevaban al enriquecimiento de políticos, pero sobre todo paga(ba) la operación política y la red de clientelas que domina(ba) la Ciudad. Las elecciones en barrios populares han sido un buen termómetro del dinero que se mueve: IPads, $500 por voto, despensas, tinacos. Clientelas y fondos ilegales se necesitan mutuamente en un círculo vicioso entre la débil democracia y la corrupción que las sostiene.

En la elaboración de la nueva Constitución, se abrió la oportunidad para rediseñar las reglas: ¿quién debía decidir los usos de suelo?, ¿cómo prevenir la corrupción inmobiliaria?, ¿cómo transparentar las decisiones de planeación, formar los consensos y procesar los conflictos? No sólo las nuevas construcciones, sino también la conservación ambiental, la infiltración de acuíferos, las zonas de inundación y grietas. Programas sociales, planes de inversiones, movilidad, empleo y desarrollo científico también se planearían. Alineado todo a un gran plan a 30 años (Plan General de Desarrollo) y el ordenamiento territorial –lo urbano y ambiental– a 15 años, con actualización cada cinco años.

A cargo de esta gran labor estaría el Instituto de Planeación y Prospectiva. ¿Debía de ser parte del gobierno o autónomo? ¿Valía concentrar tanto poder? Se discutió mucho en la Constituyente y el acuerdo terminó en un equilibrio barroco para el Instituto: mitad ciudadano y mitad gubernamental, con un Comité para la selección de la dirección y los ciudadanos (nombrado por dos terceras partes del Congreso).

Luego, la historia reciente. Claudia Scheinbaum durante su campaña ni una vez mencionó al Instituto ni lo que la Constitución mandataba para la planeación. Fue sensible a los conflictos urbanos y la Secretaria de Desarrollo Urbano (SEDUVI) asumió con valentía la revisión de expedientes –la mayoría proporcionados por vecinos– y permisos de construcción. Mientras Contraloría revisaba los emblemáticos, suspendió los permisos de construcción.

El #AsíNo quedó claro, el #AsíSí no se llegó a articular ni a consensuar; ni entre los propios miembros del Gabinete, ni entre Congreso y Ejecutivo, ni a un año del gobierno. Para ganar tiempo, se anunciaron corredores inmobiliarios –sin cambios de usos de suelo– y nuevos SACs –sin reglas claras–.

Si planear fueran mapas en internet e instrucciones al gabinete, ninguna metrópolis tendría procesos complejos: audiencias, consultas, paneles de expertos, comités, organizaciones vecinales, metodologías participativas, aprobación legislativa. Planear para el largo plazo requiere convocar, involucrar, explicar de maneras didácticas, escuchar perspectivas, acordar, ceder el control, buscar que otros se apropien y defiendan lo decidido. El gobierno lidera, colabora, pero no lo puede hacer solo. El gobierno –aunque millones de votos lo respalden– al final está de paso; no dura más de seis años, no estará a cargo los 30 o 50 que el horizonte de los procesos requieren.

La #LeydePlaneación aprobada convirtió los equilibrios barrocos constitucionales en un control centralizador de la jefa de Gobierno , de quien dependerá el Instituto y sus nombramientos. Decidirá –tal vez ya lo hizo– a quién invitar a planear y a quién, no. Sin convocatoria pública donde cualquiera se pueda apuntar, con perfiles, audiencias públicas y expedientes abiertos para designar a personas idóneas bajo el escrutinio público. Sin esa representatividad y legitimidad, los acuerdos cupulares del Instituto serán oportunidad perdida para construir los consensos de largo plazo.

Sin mecanismos de participación, consultas ni deliberación, los consensos comunitarios de programas parciales y alcaldías tampoco lograrán su aprobación, y menos aún su apropiación. Una plataforma para votar virtualmente (un change.org gubernamental) sin metodologías ni personal especializado recogerá, como requisito, nuestros datos electorales.

Pronto se abrirán las otras ventanillas: los trámites sin armonización, con duplicidades y vacíos continuarán. Seguirán los conflictos entre vecinos e inmobiliarias, sin espacios institucionales para la negociación y los acuerdos. Las clientelas y el dinero ilegal fluirán, alimentándose mutuamente. Nuestros datos electorales se convertirán en big data para campañas electorales.

La ventana para rediseñar las reglas y su redistribución se habrá cerrado, con nuestro Estado capturado. Es difícil predecir cómo evolucionará la Ciudad. Quisiera equivocarme, me gustaría pedir disculpas en un futuro, pero hoy me toca andar catastrófica.

Columna publicada originalmente en Expansión Polìtica:

https://politica.expansion.mx/voces/2019/12/17/ley-de-planeacion-oportunidad-perdida-para-la-cdmx