- Organizaciones comentaron que la propuesta actual de la Asamblea Legislativa restringe las facultades de la Fiscalía AntiCorrupción y podría entorpecer sus investigaciones.
- Reiteraron que el nombramiento la Fiscalía especializada en Combate a la Corrupción debe seguir el procedimiento establecido en la Constitución de la CDMX.
- La Justicia AntiCorrupción no debería usarse con fines políticos, sino para eliminar la impunidad.
#CDMXjusta, junio, 2017.- En 2015, se creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y en la elaboración de la nueva Constitución de la Ciudad de Mëxico (2016) se retomaron estos conceptos, agregando adecuaciones. Finalmente, años más tarde en 2017, en la Ciudad de México se inició el proceso de construcción del Sistema Local Anticorrupción (SLA).
Los Sistemas Locales Anticorrupción son sistemas de coordinación entre distintas dependencias ya existentes (como Auditoria, Contralorías, Instituto de Transparencia) y algunos nuevos espacios para la representación ciudadana para prevenir, detectar y sancionar las faltas administrativas y hechos de corrupción.
Además del Sistema Nacional, cada entidad federativa cuenta con uno. Deben seguir los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos generados por el Sistema Nacional, es decir, deben constituirse bajo los mismos criterios y atribuciones con el fin de que cada estado de la República realice un diseño según sus necesidades.
En este sentido, el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México (que hasta la fecha sigue en proceso de conformación), prevé la coordinación y la creación de políticas públicas basadas en la información obtenida de los diversos entes que el propio sistema contempla.
Con ello, se busca identificar las causas y mayores problemáticas de la corrupción, y generar políticas para su erradicación. En específico el Sistema Local tiene como objeto establecer, articular y evaluar la política pública en materia de corrupción en la Ciudad de México, en colaboración y complementando el Sistema Nacional.
Ruta Cívica, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, han acompañado desde el inicio el proceso de conformación del Sistema; documentado y señalado las irregularidades; y elaborando recomendaciones y posicionamientos para lograr que Sistema cumpla con el espíritu para el que fue creado.
En junio 2017, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) convocó a Foros de Consulta con organizaciones y expertos del Sistema Anticorrupción para crear el paquete legislativo de 11 leyes que dieron lugar al Sistema Local.
El 27 de junio de 2017 tuvo lugar la primera mesa de diálogo entre legisladores y las organizaciones, en donde se recogieron los primeros acuerdos, donde se demandó que en el marco de un auténtico Parlamento Abierto, se discutiera y aprobara el Sistema Local Anticorrupción y las cuatro leyes constitucionales pendientes. Se acordó realizar mesas técnicas de trabajo entre las organizaciones y los diputados de las comisiones dictaminadoras, con una agenda establecida y espacio físico para trabajar los dictámenes. Finalmente, hacer público un cronograma para la presentación y discusión de los dictámenes correspondientes a la creación del Sistema Local Anticorrupción y las cuatro leyes constitucionales pendientes de aprobarse en esta Legislatura. Puedes consultar la minuta completa de esa mesa de diálogo aquí.
Luego de este primer encuentro, se entregó un documento elaborado por Fundar y Artículo 19 donde se establecieron los puntos mínimos que las organizaciones demandaban para el Sistema sobre:
- Transparencia y acceso a la información.
- Responsabilidades.
- Procesos de designación.
- Sobre los procesos de fiscalización.
- La importancia del Parlamento Abierto.
Finalmente, una vez constituido el Observatorio de Designaciones Públicas, se presentaron las exigencias de la sociedad civil podría sobre los puestos clave del Sistema Local AntiCorrupción y sus procesos de designación. En específico, se incluyeron seis fichas de trabajo sobre:
- Comisión de Selección del Sistema Local AntiCorrupción.
- Comité de Participación Ciudadana (CPC).
- Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
- Magistrados Especializados en Corrupción.
- Auditoría Superior.
- Titular de la Contraloría General.
Se puede consultar el documento íntegro de exigencias aquí.
Las organizaciones también enviaron comentarios y propuestas sobre las iniciativas de las 11 leyes, con el objetivo de que se pudieran tomar en cuenta para su dictamen. (Véase aquí más sobre el proceso irregular de aprobción de estas leyes)