• El legado del sismo del #19s además del acceso a información y atención de quejas, debe ser garantizar cambios institucionales, para que se constituya, fortalezca y perdure a través del tiempo.
  • Reparar el daño al menos, es la recuperación del hogar, de la base económica y emocional; tener la garantía de que no se cometan los mismos errores en el futuro.
  • Garantizar derechos humanos, la memoria y el derecho al acceso a la información, ejes fundamentales para el acceso a la justicia.

Ciudad de México. Octubre 21 de 2020. ¿Cuáles son los otros elementos de la justicia que ayudan a la recuperación de un desastre luego de una emergencia natural como lo fue el sismo del 19 de septiembre de 2017? Reparar una situación así implica más que una reconstrucción, en el mejor de los casos; se trata de la recuperación del hogar, de la base económica y emocional, procesar el duelo, y tener la garantía de que no se cometan los mismos errores en el futuro, es decir, aprender de las lecciones.

En el marco del Ciclo de Conversatorios “A tres años del 19s en la Ciudad de México: pendientes en la reconstrucción, el acceso a la justicia y la gestión del riesgo”, se llevó a cabo el cuarto encuentro en donde se abordó de manera central qué otros mecanismos existen por parte del Estado Mexicano para tener acceso a la justicia.

Durante la presentación de este Conversatorio, Mónica Tapia, Directora de Ruta Cívica y coordinadora del colectivo #CIUDADanía19s señaló que el legado del sismo no sólo debe de ser a unos años, sino que debe ser un legado institucional, que se constituya, fortalezca y perdure a través del tiempo. Para esto, indicó, es fundamental trabajar desde las instituciones en colaboración con las víctimas y la sociedad civil, en políticas públicas efectivas que abonen a ello.

Tras el sismo del 19s algo fue evidente, seguíamos sin estar preparados desde las instituciones y desde la ciudadanía para enfrentar una situación así, más allá de las acciones solidarias espontáneas, es decir, para garantizar el acceso efectivo a la justicia a las víctimas por parte del Estado.

Por la vía judicial, la cual se abordó en el Conversatorio 3, el combate a la impunidad sigue siendo un gran pendiente, sin embargo, existen otros mecanismos que acompañan el camino a la justicia y que son igual de importantes, en particular en el ámbito de los derechos humanos y la reparación integral del daño, que incluye la memoria para la no repetición y la transparencia y el acceso a la información.

Sobre este punto, Maricarmen Nava, Comisionada Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX), señaló que desde 2017 se han sumado 7 mil solicitudes de información correspondientes a 27 entes públicos, lo que se traduce en un interés por parte de la ciudadanía de utilizar este derecho para visibilizar y exigir la reparación del daño. Además de la solicitud de información, la denuncia es otra herramienta de transparencia que está disponible y que invita a usar para exigir transparencia.

Destacó que, en materia de cumplimiento de transparencia, en la última evaluación a la Comisión de la Reconstrucción de la Ciudad, hay un cumplimiento del 62% en materia de transparencia. Si bien hay más información de 2018 a 2019, hace falta actualizar los datos en cuanto a su marco normativo, facultades, listados de expropiaciones, convenios de información etc. “La información que es de utilidad y que permiten evaluar las políticas públicas debe transparentarse para entender si realmente hay rendición de cuentas y si existe un uso efectivo de los recursos públicos”, indicó.

En materia de transparencia señaló que los retos son muchos todavía para garantizar los pisos mínimos en materia de apertura. “El uso de lenguaje incluyente; mecanismos de transparencia y datos abiertos; así como accesibilidad de navegación en plataformas, es todavía uno de los grandes retos, para el análisis y seguimiento del acceso a la justicia para víctimas”.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) juega un papel determinante en el acompañamiento de las víctimas en el acceso a la justicia, sobre esto, Roberto Mondragón, de la tercera visitaduría de este organismo autónomo, indicó que actualmente existen 308 quejas en expedientes de las cuales 267 ya están concluidas y 41 expedientes están en trámite. El Instituto para la Seguridad de las Construcciones es una de las instituciones con más quejas.

Explicó que se emitieron dos Recomendaciones, la 12 y 13 / 2018, en las cuales se acreditaron violaciones a derechos humanos de las víctimas del sismo del 19s, mismas que el Gobierno de la Ciudad de México está obligado a atender. Indicó que el diagnóstico de la CDHCM es la falta de supervisión en los procesos de construcción de la Ciudad, así como la falta de respuesta institucional a pesar de que es conocido que la capital es una zona de alta sismicidad, por lo que no existieron mecanismos de prevención lo cual debe atenderse de manera urgente en materia de gestión de riesgos.

“La falta de articulación entre autoridades para dar respuesta a las víctimas es uno de los principales problemas que se han identificado además de la mala normatividad que antes de la nueva Constitución existía, y que como consecuencia dejó en el desamparo a miles de familias damnificadas que actualmente siguen en el viacrucis de la justicia”.

En su oportunidad Ricardo Ortega Soriano, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana, señaló que es muy importante que las autoridades y en general el Estado mexicano se allegue de la experiencia internacional para aplicar y adaptar en la medida de lo posible las buenas prácticas en la materia.

Puntualizó que uno de los grandes problemas es que a pesar de que en el ámbito de Naciones Unidas existe un desarrollo muy importante en materia de construcción de estándares referentes para que los estados puedan tomar como base a la gestión integral de riesgos de desastres, estos instrumentos no son propiamente tratados vinculantes que obliguen a los estados a cumplirlos.

“Si bien el Estado mexicano ha elaborado una serie de informes respecto al estado de estos mecanismos, en términos del derecho internacional no configuran obligaciones, por ello la ruta de exigibilidad para estos instrumentos tendría que ser conjuntar los parámetros de referencia y luego los mecanismos de exigibilidad en materia de derechos humanos para trazar la serie de comportamientos exigibles y obligados para los Estados, en particular, para el Estado mexicano”.

Aseguró que es necesario avanzar hacia una cultura de prevención la cual juega un papel muy importante de gestión integral de riesgos, ya que “las autoridades siguen sin comprender que los desastres más allá de los fenómenos naturales son causados por las decisiones y omisiones de las autoridades”.

“Hay una ausencia de una dimensión social que debería ser la base de la política de gestión integral de riesgos, se cree que estas acciones son exclusivas de gobierno y se deja fuera un contexto social y económico. Entender cuál es el modelo de gestión idóneo, mirar mejores prácticas y adaptar modelos exitosos a la realidad mexicana”, indicó.

En su oportunidad, Sergio Beltrán, del colectivo “Nuestro Memorial 19s”, apuntó que la memoria como forma de protesta no opera realmente en los tribunales, pero coadyuva con la vía judicial de manera determinante. “La memoria y esas formas de protesta generan una presión política y demuestra un deseo de la ciudadanía para la obtención de resultados. En la medida en que haya una coordinación entre quienes están en la vía judicial y quienes protestan por la memoria y la no repetición, se logra un diálogo y una sinergia que permite el aumento del costo político en beneficio de las víctimas, y además generar empatía con el resto de la sociedad”.

Sergio Beltrán de #NuestroMemorial19s

“La memoria no se trata solo del pasado y recordar lo que ya pasó, sino que se trata de recordar lo que sigue siendo un riesgo, sobre todo en una zona sísmica como lo es la ciudad de México”.

Finalmente, Naxhelli Ruiz del Instituto de Geografía de la UNAM, integrante de #CIUDADanía19s y moderadora de este cuarto conversatorio, señaló que el tema de la reparación integral de daño no puede ser un tema exclusivo de expertos, sino que tiene que ser un tema de interés público.

“La reducción del desastre sísmico es una responsabilidad de todos y todas, no sólo de las personas o víctimas, sino todas las instancias del Estado que no pueden evadir una responsabilidad, instituciones que puedan garantizar la seguridad estructural, mecanismos de colaboración y reducción de riesgos y de las Organizaciones de la Sociedad Civil involucradas junto con especialistas y académicos”.