• Ruta Cívica y Suma Urbana se ampararon contra acciones del Gobierno y el Congreso que atentan contra la Constitución de la Ciudad y la autonomía del Instituto de Planeación.
  • El amparo fue admitido y está en trámite una queja para obtener la suspensión provisional de posibles nombramientos por parte del Congreso y la Jefatura de Gobierno.
  • La selección de los mejores perfiles y más representativos para ocupar la Dirección y la Junta de Gobierno del Instituto son clave para lograr un órgano autónomo que garantice una planeación a largo plazo y equilibren la función pública.

#CDMXsustentable, julio 2, 2020.- Este lunes 29 de junio, el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México admitió el amparo indirecto que reclama la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México y otras disposiciones, interpuesto por Ruta Cívica y Suma Urbana. El amparo alega que el procedimiento previsto por el Congreso local para nombrar los principales cargos del Instituto atenta contra la autonomía de dicho órgano e impide que se formulen planes de largo plazo que incluyan las preocupaciones ciudadanas.

Con los procedimientos actuales de nombramientos, a partir de dos comités ‘a modo’, la Jefatura de Gobierno de la CDMX en turno concentraría el poder de elegir la Dirección y las y los representantes de los sectores sociales y expertos que integrarían su Junta de Gobierno, con lo cual el Instituto de Planeación quedaría subordinado a los intereses políticos del gobierno capitalino y las alcaldías.

Mónica Tapia y Josefina MacGregor, representantes legales de las asociaciones, utilizaron la vía judicial porque la Ley, publicada el 20 de diciembre de 2019 en la Gaceta Oficial de la CDMX, y el sistema normativo que la conforma “violentan los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, supremacía constitucional, al desarrollo, a la Ciudad, a la participación ciudadana, así como a la planeación democrática”, como se señala en el amparo.

“Tenemos la oportunidad de contar con un sistema de planeación que resuelva el caos en el que está sumida la Ciudad desde hace décadas, en lo urbano y ambiental, en la movilidad, las decisiones económicas erráticas. Sin embargo, tristemente permanece la intención de excluir a sus ciudadanos de la toma de decisiones, como si fueran menores de edad o no habitaran en esta gran Ciudad”, expresó Mónica Tapia, Directora de Ruta Cívica.

Por su parte, Josefina MacGregor, Directora de Suma Urbana, enfatizó que “una planeación democrática permite el desarrollo sustentable de una ciudad, lo que resulta en una mejor calidad de vida en todos los sentidos: acceso a los servicios de salud, menos contaminación, mayor tiempo para el descanso y la diversión y muchos beneficios más que todas las personas merecemos”.

En el juicio de amparo –elaborado con el apoyo probono del despacho Aguilar Barroso Abogados y admitido bajo el número 502/2020– se incluyó la labor que las organizaciones civiles Ruta Cívica y Suma Urbana han realizado a favor de la Ciudad, tanto en la elaboración de la Constitución con iniciativas y audiencias ciudadanas como en su exigencia por que se respete en la legislación secundaria los principios constitucionales democráticos y de equilibrio del poder público, especialmente en un tema tan crucial como la planeación para el desarrollo.