• Autoridades de la Ciudad, de las alcaldías, y en algunos casos federales, pudieron haber evitado varias de estas tragedias, pues conocían del riesgo.
  • Debe haber responsabilidad penal para las empresas constructoras e inmobiliarias y con los particulares que iniciaron o realizaron obras que no eran seguras. También debe señalarse la responsabilidad de las autoridades administrativas.
  • La tenacidad y constancia de las y los abogados, personas damnificadas y padres de familia han logrado que la impunidad no sepulte estos casos.

#CDMXresiliente, septiembre 9 de 2020.- ¿Ha llegado la justicia a los casos del #19s? No sólo prevalecen los largos procesos judiciales, sino que la prevención sucumbió ante la negligencia de las autoridades y la falta de seguimiento de procesos administrativos, que hubieran evitado la desgracia en varios de estos casos. Es urgente que esas prácticas se erradiquen en la actual y futuras administraciones para que la tragedia no se repita, en una ciudad donde los sismos son parte de su esencia.

Mónica Ortega, madre de una alumna fallecida en el Colegio Rebsamen, señala que fue necesario organizarse entre las familias, para que con ayuda de sus representantes legales, frenar la demolición del inmueble hasta que no hubiera avances en la investigación, sobre lo cual actualmente tienen reuniones mensuales con la Fiscal General de la Ciudad, Ernestina Godoy. Hoy hay 4 órdenes de aprehensión y una carpeta de investigación contra autoridades de la SEP.

A la par, acciones como una queja de derechos humanos contra la SEP, el gobierno de la Ciudad y la alcaldía Tlalpan fueron necesarias para presionar una respuesta. Si bien hay más avances gracias a la recomendación que se emitió y se habla ya del proceso para crear el memorial y la disculpa pública, es importante que no sólo haya sanción a la directora de la escuela sino también a las autoridades que sí tienen responsabilidad penal.

Mariana Gil de la ODI, indicó que desde que se pretendió construir el Helipuerto en la Condesa, vecinos manifestaron su oposición y las autoridades locales confirmaron que no había forma en que se permitiera su construcción; sin embargo, sucedió. ¿Qué delitos se han acumulado? Uso de suelo distinto al permitido, daño a la propiedad, entre otros. Durante el proceso, destaca que PAOT recibe las quejas ciudadanas, INVEA ordena la demolición, pero un juicio la detiene y el sismo llega aún con un edificio pesado que golpea con severas consecuencias al de los vecinos denunciantes. 

Zapata 56, un inmueble de muy reciente construcción en la Benito Juárez, presentó un colapso parcial con dos víctimas mortales. El abogado Reynaldo Sandoval señala que la vía penal era la más óptima para avanzar en el caso, especialmente en una alcaldía donde existe un “boom inmobiliario” en el que autoridades administrativas son omisas o actúan en contubernio con inmobiliarias, resultando en obras cuya seguridad es dudosa, como en este caso donde Canada Building utilizó materiales de mala calidad, sin estudios técnicos o bitácoras de la obra. Hay órdenes de aprehensión contra personas de esa empresa, aún cuando la autoridad insistía en sólo procesar al Director Responsable de Obra (DRO), centrando en él toda la responsabilidad de actos que involucran a privados y autoridades. La lucha de los vecinos ha sido tenaz para obtener respuestas, siempre se tiene que exhortar a la autoridad a que cumpla. 

Desde el inicio, en el caso de Álvaro Obregón 286, estrategias de protección de derechos humanos se utilizó para presionar en las labores de búsqueda. Una vez que se supo que, las personas a las que se buscaba habían fallecido, con apoyo del Centro Prodh, se procedió a una demanda penal por multihomicidio contra los dueños del edificio ante la Procuraduría General de Justicia, investigación que a 3 años sigue en etapa inicial.

También hay una investigación por lesiones y daños a la propiedad, detalló Melissa Zamora, abogada del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, quien narró que “Era un inmueble que estaba bajo aviso de riesgo de colapso en caso de sismo, tanto autoridades de la Ciudad de México, como la inmobiliaria tenían conocimiento de una inspección de 1997 sobre una inclinación de 15 cm”. Además, no había licencia para construir los pisos adicionales o para un uso de suelo no habitacional o para el elevador que se construyó al hacerlo oficinas. Tampoco se contaba con un Programa Interno de Protección Civil. Al menos, dependencias como el Registro Público de la Propiedad y Comercio, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, la Secretaría de Obras del Distrito Federal, la Alcaldía Cuauhtémoc, Protección Civil, conocían alguna de esta información. 

Marú Cortazar de Appleseed, relata que en colaboración con despachos de abogados, crearon una Guía Jurídica para personas damnificadas, la cual da orientación para la atención de temas inmediatos: búsqueda de personas, seguros, entre otros. También se realizaron asesorías telefónicas probono, labor que no debe perderse entre los expertos en procesos jurídicos. El trabajo legal pro bono debe acortar las brechas en el camino a la justicia. 

¿Qué tienen en común estos casos?

Había información previa que indicaba la posibilidad de una tragedia en caso de sismo, sin embargo no hubo prevención desde las instancias administrativas: locales y de la ciudad, la responsabilidad es compartida, incluso con la federación en los casos de centros educativos. Es vital que la omisión por parte de las autoridades administrativas no se repita, que las construcciones nuevas o en las modificaciones a las existentes sí haya una validación de los requisitos (que lo técnico los sustente, no “el firmón” o “la mordida”), que las medidas de protección civil estén garantizadas. Sobre todo, que haya justicia en los casos del #19s, que están sentando un precedente jurídico y también en la gestión de la ciudad, donde buscamos erradicar la corrupción e impunidad.

Ruta Cívica, Ciudadanía 19s, Arquine, Mextrópoli, El Colegio de México y el INFO CDMX invitan a revivir este conversatorio. También a acompañarnos en la siguiente sesión, el 21 de octubre, donde hablaremos sobre otras herramientas hacia la justicia, que sin duda enriquecerá el panorama de cómo la Ciudadanía busca que no se olvide, que no quede impune el 19s.

Puedes leer sobre los otros conversatorios:

A TRES AÑOS DEL 19S, TRANSPARENCIA EN LA RECONSTRUCCIÓN

A TRES AÑOS DEL 19S. ABRIR Y CONECTAR DATOS ENTRE CIUDADANÍA Y GOBIERNOS: ENFRENTAR CON CONCIENCIA EL RIESGO

A TRES AÑOS DEL 19S. OTRAS HERRAMIENTAS HACIA LA JUSTICIA: DERECHOS HUMANOS, MEMORIA, TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

Share This