#CDMXresiliente a 28 de octubre de 2020.- Los recursos para la operación del Fondo para el Cambio Climático eran sometidos a auditorías trimestrales en donde se revisaba su gestión a través de Nacional Financiera (NAFIN), que servía de fiduciario. A su vez, este Fondo contaba con un Comité Técnico, encargado de la toma de decisiones, presidido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y conformado por otras secretarías y órganos de gobierno.

El decreto aprobado por la Cámara de Diputados y más tarde por el Senado de la República, propuso que se extinguiera el fideicomiso pero que “los recursos para la atención del cambio climático” sigan operando, bajo procedimientos que tendrá que definir la SEMARNAT. Esta ambigüedad en el decreto no permite evaluar cuál será el manejo, la gobernanza, la multianualidad y mecanismos de transparencia bajo los cuales se llevarán a cabo dicho manejo.

Ante esta situación, la preocupación se centra en que la atención del cambio climático debe ser vista de manera transversal y con horizontes de largo plazo, teniendo repercusiones en sectores económicos, sociales y ambientales. Al carecer de este fideicomiso, ya no se cuenta con una entidad que gestione los recursos de manera transparente, como lo hizo NAFIN, incluidos recursos públicos federales y recursos internacionales. 

Además, con la extinción del fideicomiso se reduce la posibilidad de conectar éste con el impuesto al carbono y los recursos generados por el Sistema de Comercio de Emisiones en su fase operativa, que podría a su vez reasignar dichos recursos vía convocatorias públicas.

Al igual que con otros fideicomisos, Ruta Cívica junto con otras organizaciones hicimos un llamado a las y los legisladores para que rechazaran la extinción del Fondo para el Cambio Climático, así como de cualquier fideicomiso de cultura, ciencia y medio ambiente, ya que su extinción atenta contra la obligación constitucional de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y otros derechos relacionados. 

Estamos convencidos y convencidas de que hoy más que nunca y en un contexto de pandemia es imperante tomar decisiones basadas en el bienestar de las presentes y futuras generaciones.

El Fondo para el Cambio Climático, creado por la Ley General de Cambio Climático en 2012, tiene como objetivo “captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales, para apoyar la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático”, de acuerdo con el Artículo 80 de la Ley.

La creación del Fondo respondió a la necesidad imperante de incrementar los recursos para la atención del cambio climático, que continúa vigente al día de hoy y que es cada vez más necesario, ante un Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2021 que contempla únicamente dirigir 1.1% de los recursos públicos a este rubro. Mientras que los recursos para la explotación de combustibles fósiles, principal fuente de emisiones causantes del calentamiento global, representa 11.6% del PPEF total.

El pronunciamiento también señala que uno de los aspectos centrales de la creación del Fondo ha sido apoyar medidas de adaptación, debido a la alta vulnerabilidad ante los impactos de un cambio climático a la que México está expuesto, que ya están sucediendo y que se verán agravados en el futuro cercano. 

“De igual forma, el Fondo promueve medidas de doble impacto, en materia de mitigación y adaptación; además de apoyar medidas de mitigación para reducir las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual es clave para que México cumpla con sus compromisos para reducir emisiones y evitar un aumento de la temperatura global de más de 1.5 grados centígrados, tal como quedó establecido hace cinco años en el Acuerdo de París”.

Aquí puedes ver íntegro el llamado que hicimos a nuestras y nuestros representantes en la Cámara de Senadores para que rechazaran la extinción del Fondo para el Cambio Climático

Ver: Fondo Metropolitano y Fondo para Desastres y Fondo para la Prevención de Desastres.

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